Mientras los mexicanos disfrutábamos del espíritu navideño y nos preparábamos para la primera posada, el pasado 15 de diciembre fue aprobada la polémica Ley de Seguridad Interior, impulsada por el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
A pesar de los exhortos de instancias como la ONU (Organización de las Naciones Unidas), CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), CNDH ( Comisión Nacional de los Derechos Humanos), y decenas de organizaciones civiles en México y el mundo, los militares acumulan más poder.
¿Que significa?
En términos simples, los militares podrán administrar la violencia y contener las protestas sociales sin ningún mecanismo de rendición de cuentas. Es decir, cualquier asunto pude ser considerado de incumbencia de las Fuerzas Armadas.
La Ley de Seguridad Interior otorga facultades discrecionales a los militares, por ejemplo, realizar investigaciones más allá de los procesos establecidos por medio de órganos de justicia.
Las consecuencias
Sabina Morales, del Centro de Ciencias Sociales de Berlín, y Carlos Pérez Ricart, de la Universidad Libre de Berlín; enumeraron, en una publicación para la Revista Colombiana de Sociología, las consecuencias de la militarización a la que se enfrentará México:
- La cesión del control civil a los militares;
- La relación jerárquica militar que se impone en el campo;
- Una organización centralizada, y
- La acción totalizante de una legitimidad centrada en la retórica de la eficiencia militar.
Lo anterior, lejos de aportar en la supuesta lucha contra el narcotráfico, es un «golpe de Estado preventivo» ante un año por venir con protestas en las calles.